Entre septiembre de 2024 y enero de 2026, Cristosal documentó 82 hechos de violencia política que afectaron a 68 víctimas en el marco del proceso electoral hondureño. De ese total, 13 hechos ocurrieron después de la jornada electoral del 30 de noviembre de 2025. Es decir, la violencia política no se limitó a la campaña ni cesó con el ejercicio del voto; estuvo presente en todas las etapas del proceso, con expresiones diferenciadas.
Esta actualización de datos completa el balance del proceso electoral hasta su fase poselectoral y constituye un corte analítico. No implica el cierre del monitoreo ni del seguimiento de los casos documentados. Cristosal continuará observando, documentando y dando seguimiento a los hechos de violencia política y a la respuesta institucional frente a estos.
Desde su inicio, el proceso electoral estuvo marcado por asesinatos, atentados contra la vida, secuestros, amenazas, coacción y criminalización dirigidas contra candidaturas, liderazgos políticos, activistas y ciudadanía en general. Estos hechos afectaron a personas de distintos partidos políticos, así como a personas sin afiliación partidaria, evidenciando que la violencia política busca condicionar quiénes pueden participar en la vida pública, más allá de identidades políticas específicas.
Pese a este contexto de intimidación y riesgo, la ciudadanía hondureña acudió a las urnas de forma amplia y mayoritariamente pacífica, demostrando una significativa madurez democrática frente al miedo. Este ejercicio cívico contrastó con la debilidad institucional para prevenir, investigar y sancionar la violencia política a lo largo del proceso.
Sin embargo, la votación no significó el fin del conflicto. En la etapa poselectoral, marcada por tensiones sociales, retrasos en el conteo, impugnaciones y ausencia de resultados definitivos, se documentaron nuevos hechos de violencia, principalmente agresiones físicas y violencia simbólica.
El hecho más grave de esta etapa fue el asesinato de Reina Margarita Carrasco, ocurrido el 22 de enero de 2026 en el sur del país, mediante un ataque armado dirigido específicamente contra ella. Reconocida por su activismo social y comunitario, especialmente en la defensa del derecho a la salud, su asesinato —a plena luz del día y horas después de participar en protestas— genera una profunda preocupación por su efecto inhibidor sobre la participación ciudadana, en particular de mujeres y liderazgos sociales.
Pese a la gravedad y al número de hechos de violencia política documentados, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. La falta de investigaciones y de judicialización refuerza una impunidad histórica que deja a las víctimas sin justicia y evidencia un sistema que responde más a intereses políticos que a la protección de derechos. Esta inacción confirma la urgencia de establecer un mecanismo independiente de combate a la impunidad, como la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Estos hallazgos demuestran que la calidad democrática no se mide solo el día de la votación, sino por las condiciones que garantizan derechos, justicia y rendición de cuentas antes y después de las urnas.
Cristosal reafirma su compromiso de seguir documentando la violencia política, acompañar a las víctimas y exigir que el ejercicio de los derechos políticos en Honduras sea posible sin miedo y con dignidad.
