La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), en su informe “Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito”, dio a conocer recomendaciones que tienen como objetivo enfatizar acciones prioritarias para ayudar a los responsables de dictar políticas públicas en los diferentes países, para combatir de forma eficiente el contrabando, mismo que permite el financiamiento a grupos criminales y pérdidas impositivas a los Estados.
En el informe, TRACIT pone en evidencia cuantificaciones valiosas del comercio ilícito en sectores específicos, para el caso, se estimar que los medicamentos falsificados representan el 10% de todos los medicamentos disponibles a nivel global.
Por otra parte, se menciona que el comercio ilícito del tabaco ha crecido a más de US$ 35 billones por año, causando sustanciales pérdidas impositivas y proveyendo una fuente más de financiamiento a grupos criminales.
TRACIT resalta que el impacto adverso del comercio ilícito expone al consumidor a productos de mala fabricación y desregulados, debilita el Producto Interno Bruto (PIB) Global, despoja a los Gobiernos de sus ingresos tributarios, debilita el Estado de derecho, permite a las organizaciones criminales disponer de dinero en efectivo y financia a terroristas en todo el mundo.
TRACIT, ayuda a mitigar los daños económicos y sociales de este flagelo, al fortalecer los mecanismos de aplicación de la ley en diferentes gobiernos, en ese sentido, recomendó primeramente “Comprometerse con los tratados relacionados con el comercio ilícito”, asimismo, “reforzar los controles de lavado de dinero”, y “eliminar la corrupción”.
En una investigación a cargo del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), asigna al comercio ilícito y a las actividades criminales un valor que va del 8% al 15% del PIB Global.
En un trabajo similar realizado por Integridad Financiera Global (IFG) indica que las pérdidas financieras a lo largo de 11 sectores industriales susceptibles de comercio ilícito oscilan entre US$ 1,6 a US$ 2,2 trillones por año.
En Honduras, las repercusiones que deja el comercio ilícito son cuantiosas. “Genera una gran cantidad de problemas al país, desde la puesta en riesgo de la salud de la ciudadanía por el consumo de productos de procedencia desconocida, hasta el impacto económico a las finanzas del Estado”, comentó el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García.
Agregó además que “establecer una Comisión Interinstitucional de Combate al Contrabando y Comercio Ilícito es fundamental para el país, ya que permitirá acciones coordinadas entre los diferentes actores tanto públicos como privados para combatir este flagelo”, aseguró.
Otras de las recomendaciones brindadas por TRAFIC, son la de “racionalizar las políticas tributarias”, “Fortalecer el entorno aduanero y los esfuerzos de aplicación de la ley”, además de “proteger la propiedad Intelectual”.
El director de la Administración Aduanera de Honduras, Juan José Vides, reconoció que “si hacemos acciones aisladas, tendremos resultados aislados, y el combate al contrabando debe ser de una manera integral, entre instituciones y aliados estratégicos que puedan converger en las operaciones de comercio exterior y unión aduanera”, mencionó, agregando que “esto nos generará una cultura de legalidad y transparencia”.
“Se quiere armar un plan nacional para el combate del contrabando y dejar de una manera permanente, para que podamos tener identificación, intercambio de información, hacer estudios para poder identificar dónde pueden converger esas rutas que no son fiscales, sino rutas de contrabando, para poder combatir los ilícitos”, agregó Vides.
TRACIT recomienda además “intensificar la cooperación entre agencias”, “mejorar la gobernanza de las Zonas de Libre Comercio”, e “informar y compartir datos estadísticos a través de las fronteras”.
El comercio ilícito es una amenaza grave y creciente para la sociedad, la venta de productos ilícitos, así como el contrabando es un delito. Es necesario retomar la Comisión Interinstitucional de Combate al Contrabando, reestructurarla de manera que se pueda tener una institucionalidad permanente que permita reuniones continuas entre sector privado, fuerzas de seguridad pública, instituciones de gobierno como el Ministerio Público entre otras.
