El activista jesuita Ismael Moreno, más conocido como 'padre Melo', advirtió que la caravana que forman miles de migrantes de Honduras y otros países centroamericanos rumbo a Estados Unidos es "un éxodo masivo que no se va a detener, ni por mucho que amenace Trump con suspender las ayudas a Honduras, ni por mucho que se haga muralla policial en la frontera entre Honduras y Guatemala". Por eso, pidió no criminalizar a estas más de 10.000 personas que "se han visto expulsadas de sus casas".

El sacerdote y periodista participó mediante videoconferencia en un acto organizado por Entreculturas y Alboan sobre la situación de esta caravana, en el que también intervino la directora del Servicio Jesuita a Refugiados en México, Andrea Villaseñor.

Según la directora, cada vez son más frecuentes "los mensajes que criminalizan a estos migrantes", y pidió "más comprensión y apoyo" a las autoridades de los países por los que se desplazará la caravana (Guatemala, México y Estados Unidos).

El 'padre Melo' destacó que la situación que estalló el pasado 13 de octubre ha "rebasado" todas los análisis y a las instituciones. "Es una problemática tan compleja que es impensable" que se le pueda dar una respuesta a nivel local o nacional. A su juicio, se trata del "resultado inesperado de una olla a presión", ya que el país "se ha venido atizando con el fuego de la inestabilidad" en la última década.

De los nueve millones de habitantes de Honduras, seis están en la economía "informal" y más de 4 millones no tienen empleo, con lo que esta "expulsión acelerada de población va a continuar", vaticinó.

Por su parte, Villaseñor admitió que, "en un primer momento", la caravana de migrantes "desbordó" tanto a la sociedad civil como a las instituciones del país, si bien el apoyo ha mejorado mucho en los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca (donde ahora se encuentra el grueso de la caravana), ya que "aquí hay muchas organizaciones de base" que prestan toda su ayuda a los migrantes.

Contrapuso la "grandísima" respuesta de la población, que se ha volcado", con la actitud del Gobierno mexicano, que solo ofrece ayuda humanitaria a quienes se quedan en el centro de detención o inician un proceso de solicitud de asilo.

En este sentido, Villaseñor subrayó que "el albergue" de Tapachula, donde en la actualidad se alojan unos 1.300 migrantes, "es en realidad un centro de detención".

Se ubica en el recinto ferial y lo gestiona la policía de migración, que condiciona la ayuda humanitaria a solicitar asilo, según afirmó.

Asimismo, criticó la "falta de transparencia y de información" por parte del Gobierno de Peña Nieto, que ha prometido a los migrantes "identificación, empleo y educación temporales siempre y cuando acepten registrarse ante las autoridades migratorias y permanezcan en los estados de Chiapas y Oaxaca.

Según Villaseñor, la oferta es "confusa y poco clara", porque la ley mexicana establece que el estatus de refugiado y de protección internacional da derecho a la residencia permanente, sin límite de movimiento en el propio país.

Denunció también que los grupos de personas que se han ido quedando atrás han sido detenidos por la policía federal y de migraciones, y "no tenemos información sobre posibles deportaciones". Asimismo, expresó su temor ante la inseguridad que habrán de afrontar los migrantes cuando dejen Oaxaka y se encaminen hacia los estados del centro y del norte de México, "mucho más peligrosos". En su opinión, si México lleva a cabo políticas respetuosas con los derechos humanos, el país tiene "capacidad más que de sobra" para ayudar a estas personas.

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